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Las instituciones públicas, universidades y organizaciones sin fines de lucro de Venezuela financiadas con recursos gubernamentales deberán utilizar software libre, según la nueva Ley de Infogobierno, que entró en vigencia el 17 de agosto.

La ley promete impulsar “la transparencia del sector público; promover el desarrollo de las tecnologías de información libres en el Estado y garantizar la independencia tecnológica”.

Guido Ochoa, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Asamblea Nacional de Venezuela, dijo a SciDev.Net que la legislación aspira a incorporar a innovadores locales “para que creen software libre que pueda ser utilizado por nuestras instituciones públicas. Esto fortalecerá la independencia tecnológica de Venezuela”.

“En la Universidad de los Andes utilizan software libre desde hace varios años. Entre otros beneficios, ahorra mucho dinero en licencias”

Guido Ochoa No menos del dos por ciento de los recursos recaudados por la Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) a través del aporte obligatorio que realizan las empresas privadas, serán destinados a financiar los objetivos de la Ley de Infogobierno, según la resolución oficial.

Esto significaría alrededor de US$ 300 millones, de acuerdo con los reportes públicos correspondientes al año 2012. De 2013 no hay cifras oficiales.

El congresista dijo que espera que la transición para las universidades se dé con fluidez: “En la Universidad de los Andes, por ejemplo, utilizan software libre desde hace varios años. Entre otros beneficios, ahorra mucho dinero en licencias”.

Ochoa también mencionó que varias oficinas de investigación científica de Petróleos de Venezuela (PDVSA), la estatal encargada de la extracción y comercialización del crudo nacional, vienen trabajando desde 2013 con el software libre “Guardián del Alba”, sistema operativo desarrollado en conjunto con universidades cubanas, que no es compatible con otros existentes en el mercado.

Marianne Díaz Hernández, abogada de derechos digitales y representante de Creative Commons en Venezuela, dijo a SciDev.Net que considera positiva la ley, pero que rechaza su presentación como un proyecto político.

“Durante años se ha querido hacer creer que el software libre es de izquierda, cuando éste responde a la filosofía de la libertad individual y la construcción colectiva del conocimiento”, señaló.

“El software libre no entiende conceptos como ‘soberanía’, porque al tomar una pieza de software y hacerla ‘copyleft’, estás permitiendo, y fomentando, que cualquier otra persona de cualquier país lo utilice, altere, realice derivados o haga cualquier cosa con él, incluso venderlo”.

Díaz Hernández agregó que la Ley de Infogobierno requiere que el software utilizado en instituciones públicas sea también “copyleft”. “Esto constituye un aspecto muy positivo de innovación tecnológica, beneficioso para el desarrollo y la educación”, aseguró.

A juicio de la experta, la inversión inicial debería orientarse a “preparar profesores, estudiantes y empleados públicos en el manejo adecuado de software libre”, y asegurarse de que todo el trabajo hecho con software privativo, pueda abrirse, modificarse y usarse en los nuevos sistemas operativos de software libre con los que trabajará el gobierno y viceversa.

Fuente: scidev.net/

Por si no habíamos tenido bastante con la incertidumbre de la noticia de ayer acerca del futuro de Linux en Múnich, hoy nos vamos hasta Chile para cubrir una información que nos hacíais llegar por diferentes vías casi cual respuesta automática (¡gracias a todos!) y que demuestra el poder que tiene Microsoft con Gobiernos de todo el mundo.

La historia comienza hace unos meses, cuando Vlado Mirosevic, diputado por el Partido Liberal, impulsabareformas para adoptar software libre en las administraciones públicas que supondrían para el país un considerable ahorro en el coste de licencias además de independencia tecnológica. Solo dos días tardó Microsoft en reaccionar y mandar a uno de sus directivos al Congreso para defender la posición de la empresa, acompañado por dos representantes de asociaciones de desarrolladores de software.

Unas semanas después Mirosevic presentó el proyecto de ley, que fue discutido y finalmente aprobado por una importante mayoría: 64 votos a favor, 12 abstenciones y un único voto en contra, el del parlamentario Daniel Farcas del Partido por la Democracia y encargado de darle la vuelta a todo en menos de 24 horas.

Al día siguiente Mirosevic se encontró con una nueva iniciativa firmada por Farcas que invalidaba la suya por completo, que citaba el estudio presentado unas fechas atrás por Microsoft como base de su argumentación y que, con más estrecho margen y con los votos de algunos parlamentarios que en la jornada anterior habían votado lo contrario. era aprobada.

“Microsoft nos violó“, dijo Vlado Mirosevic en una entrevista para la revista Sábado, añadiendo que la violación “ha terminado en embarazo”, ya que el nuevo proyecto de ley contempla “exenciones tributarias para las empresas que contraten o suscriban servicios tecnológicos a través de Internet”. “Es un beneficio tributario a las empresas para que usen software patentado. Fomenta comprarlo y el Estado, en vez de ahorrar, termina subvencionándolo”, continúa.

“Lo que queríamos era un proyecto que ahorraba millones de pesos al Estado. Pero como a una empresa en particular no le convenía, utilizó el lobby para poder echarlo abajo”, concluye Mirosevic, que todavía no se ha dado por vencido.

Fuente: www.muylinux.com

Suele confundirse con gratuito, su definición va más allá de eso. La noción comienza a popularizarse en el mundo luego del surgimiento del proyecto GNU, en 1984, un sistema operativo alternativo desarrollado mediante la lógica de la colaboración.

“En grandes líneas, significa que los usuarios tienen la libertad para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, el ‘software libre’ es una cuestión de libertad, no de precio. Para entender el concepto, piense en ‘libre’ como en ‘libre expresión’, no como en ‘barra libre’”, es la definición entregada por la FSF.

Así, mientras gnu/Linux, se perfilan como alternativas a los sistemas operativos de licencia privativa (y pagados), existen programas informáticos que también comparten esta definición y que están disponibles para todo público, más allá del sistema operativo que se use.

Entre ellos está el software de Ofimatica LibreOffice, que provee de manera libre un procesador de texto, de hojas de cálculo, presentaciones, entre otras funciones. Asimismo, existen programas para la edición de imágenes, video, etc.

La votación

Con 64 votos a favor, uno en contra y 12 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó esta jornada un proyecto de acuerdo que solicita a las reparticiones del Estado preferir Software libre.

El diputado Vlado Mirosevic, explica que la medida se considera como un criterio de ahorro y un criterio de exigencia.

Ademas menciona que: No es que se obligue al Estado a tener Software libre, sino que se establece una preferencia hacia el Software libre, y en caso que un Software libre no aplique para una determinada función del aparato público, tendría que ese organismo justificar por qué razón está contratando software patentado.

Ademas aclaró que no estamos en contra de que el Estado contrate a Microsoft, u otros servicios de licencia, sino que queremos quebrar la tendencia que está en la cultura del Estado, que es contratar el software patentando, porque es el que está más a la mano. La idea es cambiar esa tendencia y que el Estado se obligue a buscar servicios alternativos que son gratuitos o mas barato, que van a significar un ahorro importante”.

En este contexto, hace hincapié en que el presupuesto anual 2014 tiene 36 mil millones de pesos destinados a licencias. Si uno calcula, durante los últimos 5 años, hablamos de 161 mil millones de pesos en licencias. Esa plata nos parece que pudiera utilizarse en otras cosas. Y el software libre es en la mayoría de los casos igual o mejor que el software patentado. Y en los casos que no sean así, el Estado podrá contratar el software patentado.

Si uno establece esta preferencia , encontraremos que los software de uso común vamos a tener un homólogo en los software libre. En los casos del software más complejos que no se encuentre su alternativa, el Estado podrá adquirir las licencias. Este no es un proyecto contra el software patentado.

Si bien el gasto varía de acuerdo a cada repartición, se trata de cifras altas.

A modo de ejemplo, la Presidencia de La República destinó 106 mil pesos para el pago de licencias en el año 2014, mientras que la Contraloría General de la República cuenta en su presupuesto con 1 millón 494 mil pesos para programas computacionales.

Tras la aprobación del proyecto de acuerdo, los diputados independientes Gabriel Boric y Giorgio Jackson valoraron el resultado de la votación.

El proyecto también fue firmado por los diputados Giorgio Jackson (RD), Marcela Sabat (RN), Gabriel Boric (IA), Jaime Bellolio (UDI), Sergio Espejo (DC), Marcelo Chávez (DC), Marco Antonio Núñez (PPD), Alejandra Sepúlveda (Ind), entre otros.

Fuente: www.camara.cl

Las comunidades de Software Libre del Uruguay expresamos nuestra satisfacción ante la perspectiva de contar con una Ley que dispone la utilización de formatos abiertos y promueve la adopción de Software Libre en ámbitos del Estado

Saludamos con entusiasmo este avance en el camino hacia una sociedad más libre realizado por la Cámara de Representantes, al otorgar media sanción parlamentaria al Proyecto de Ley de Software Libre y Formatos Abiertos en el Estado, y manifestamos nuestro deseo de su pronta aprobación en la Cámara de Senadores. A la vez, ofrecemos nuestra colaboración para responder consultas o establecer un diálogo en torno a dicho proyecto; así como en todo lo relativo a su futura reglamentación

Particularmente, en el contexto del Estado, el Software Libre y los formatos abiertos son la forma de garantizar libertad, soberanía e independencia tecnológica. Esta ley es condición necesaria para la preservación y el acceso futuro a la información pública, favoreciendo un control genuino en que la autoridad del Estado no esté limitada por los vaivenes del mercado o por las condiciones restrictivas de ciertos licenciamientos. Además, beneficia a todos los ciudadanos, permitiendo el acceso igualitario a la información de la administración pública, sin obligarles a instalar en sus computadoras software que no desean, ni imponer gastos evitables para acceder a la información. Por último, favorece a la transparencia necesaria e imprescindible a otras tareas pendientes, como la Reforma del Estado.

Un Software es libre si puede ser ejecutado con cualquier propósito, estudiado, modificado y compartido, sin restricción alguna. Esto favorece la libertad y el dominio de la tecnología por las personas, tanto a nivel individual como colectivo. Software Libre no se refiere a una tecnología en particular, sino que es una forma de licenciar el software.

El uso de Software Libre en el Estado proporciona independencia de los proveedores al liberarse de la dependencia generada por el software privativo y/o los formatos cerrados, lo cual además le protege de tener que realizar permanentemente costosas actualizaciones. Posibilitando además, el intercambio y la reutilización de todo o parte del código fuente y la colaboración en el desarrollo del mismo, con lo cual su producción se hace más eficiente, optimizando los recursos humanos y materiales del Estado.

Cabe destacar que este proyecto de ley habla de “…Software Libre en el Estado…”. Sin embargo, la paulatina implantación de Software Libre por parte del Estado uruguayo traerá aparejados también, cambios a nivel del sector de las tecnologías de la información que hoy brindan este servicio al Estado. Por lo cual, es normal la incertidumbre manifiesta por alguna parte del sector privado. No obstante, este cambio será beneficioso para el Estado y la industria por varias razones:

* Buena parte del dinero que actualmente se va del país en el pago de licencias de software privativo, se invertirá en desarrollo y mantenimiento de software a nivel local.

* Se empleará más mano de obra calificada y sus beneficios quedarán en el país, diversificando así la matriz productiva.

* Mejorará la distribución de la riqueza, estimulando a las pequeñas y medianas empresas innovadoras, y a los equipos de trabajo estatales.

* Generará un proceso de apropiación tecnológica, alcanzando una masa crítica de profesionales capaces de estimular un desarrollo tecnológico autosustentable a nivel nacional.

La aplicación de esta ley propiciará un ecosistema que fortalecerá a las pequeñas y medianas empresas innovadoras y competitivas, de fuerte valor agregado, dándoles mejores posibilidades de competir con productos que pueden modificar y adaptar a las necesidades del organismo estatal contratante.

En el ámbito educativo, el proyecto encuentra su justificación en la propia Ley de Educación, cuando sostiene que “el educando debe ser sujeto activo en el proceso educativo para apropiarse en forma crítica, responsable y creativa de los saberes”, o cuando promueve “la comprensión y apropiación social del conocimiento científico y tecnológico para su democratización”. El Software Libre claramente apunta a *****plir con estos planteamientos, al dejar todas las puertas abiertas para profundizar y apropiarse del conocimiento; el software privativo, por el contrario, genera una situación de dependencia de quien usa el software con la empresa que monopoliza su desarrollo.

La educación debe formar ciudadanas y ciudadanos libres, capaces de ejercer sus derechos y de participar, en democracia, en la vida social y económica. Por otro lado, en un sector tan dinámico como el de las tecnologías de la información, el mercado laboral que conocerá un estudiante a lo largo de su vida activa será muy cambiante y diferente al de hoy. Por todo lo expuesto, con Software Libre se puede lograr, como establece la Ley de Educación, “que las personas adquieran aprendizajes que les permitan un desarrollo integral relacionado con aprender a ser, aprender a aprender (…)” y “[alcanzar] una real igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro de los aprendizajes”.

Por lo expuesto, entendemos que en la situación actual donde las tecnologías de la información y comunicación son tan importantes para la sociedad, el uso de Software Libre en el Estado es lo único que le garantiza soberanía e independencia tecnológica, eficacia y eficiencia en el *****plimiento de sus cometidos. Exhortamos a Senadoras y Senadores a atender estos principios fundamentales y aprobar la LEY DE SOFTWARE LIBRE Y FORMATOS ABIERTOS EN EL ESTADO.

El Software Libre es Socialmente justo, Técnicamente viable y Económicamente sostenible.

Fuente: www.somoslibres.org