En América Latina, varios países —entre ellos Brasil, Uruguay y Argentina— han impulsado políticas de adopción de software libre en las entidades públicas como vía para fortalecer la soberanía tecnológica, reducir dependencia de grandes corporaciones y optimizar el gasto público.

En este contexto regional, Colombia retoma la discusión después de más de una década de intentos fragmentados por modernizar su infraestructura digital con herramientas abiertas.

Senado impulsa debate sobre transformación tecnológica del Estado

La Comisión Sexta del Senado abrió una discusión clave que podría redefinir cómo el Estado colombiano desarrolla, administra y protege sus plataformas tecnológicas.

En una audiencia pública con la participación de entidades gubernamentales, expertos académicos, organizaciones sociales y comunidades tecnológicas, se examinó el Proyecto de Ley 220 de 2025, una propuesta que plantea una transición progresiva hacia el software libre y de código abierto. Su propósito es reforzar la soberanía tecnológica, disminuir gastos en licencias privativas y garantizar una mayor transparencia en la gestión de la información pública.

Soberanía, autonomía y futuro digital

La senadora Sandra Ramírez, promotora de la iniciativa, destacó que el debate va más allá de los aspectos técnicos:

“Esto no es sólo un tema de infraestructura digital; es una discusión sobre libertad, soberanía, conocimiento, autonomía y el futuro del país”.

Ramírez también aclaró que la intención no es confrontar al software privativo, sino ampliar las capacidades del Estado:

“Buscamos diversificar, liberar capacidades y abrir puertas a la innovación nacional. La experiencia internacional demuestra que el software libre funciona, genera ahorro público y fortalece la seguridad digital”.

En la misma línea, el senador Óscar de Jesús Restrepo advirtió sobre los riesgos de concentrar la tecnología en pocas manos:

“Nos preocupa la monopolización de las comunicaciones y la privatización del conocimiento acumulado por la humanidad”.

Su postura subraya la necesidad de democratizar la tecnología para alcanzar una verdadera soberanía digital.

Aportes desde la sociedad civil y el Gobierno

Ahorros y experiencias exitosas

Desde la visión práctica, Julián Casasbuenas, director de Colnodo, recordó que el software libre ya está generando impactos positivos en varios municipios:

“Colombia podría ahorrar millones de dólares que hoy se destinan a licencias privativas y renovaciones obligatorias. Ese dinero podría invertirse en conectividad, educación y desarrollo local”.

Compromiso institucional

Por su parte, Luci Urón, directora de Gobierno Digital del Ministerio TIC, expresó la disposición del Gobierno para liderar un trabajo conjunto entre entidades:

“Proponemos mesas técnicas para coordinar la implementación y asegurar el cumplimiento del proyecto de ley”.

Visión educativa y social

El Ministerio de Educación también respaldó la propuesta. Su delegado, Jhorman Gutiérrez, enfatizó que el proyecto va más allá del ahorro económico:

“No es sólo una medida de austeridad, sino un paso hacia la independencia cognitiva y la justicia educativa”.

Un proyecto en construcción

La Comisión Sexta continuará recibiendo aportes de diferentes sectores para perfeccionar la propuesta legislativa. El objetivo es avanzar hacia una política tecnológica abierta, sostenible y alineada con las necesidades del país, consolidando un modelo de Estado más autónomo, transparente y eficiente en el uso de sus recursos digitales.

Fuente: www.somoslibres.org