El software libre, que ya está en todos los equipos de docencia y en las aulas informáticas, permitirá también no gastar otros 300.000 euros ahora en renovar los ordenadores del PAS
El rector Orihuela lo anunció en su discurso de investidura. Hacer que los equipos informáticos del personal de administración y servicios de la Universidad de Murcia se pasen al software libre y comiencen a utilizar Linux es uno de sus doce objetivos prioritarios en el inicio de su mandato. Se trata de una decisión que, además de ahorrar dinero, pretende ser un ejemplo para el resto de administraciones públicas, ya que Orihuela quiere que la UMU ejerza de prescriptor para demostrar que la administración pública puede funcionar con este sistema y gastar menos recursos.
Todos los ordenadores dedicados a docencia, los de las aulas de libre acceso para estudiantes y los de la facultad de Informática ya llevan años utilizando el sistema operativo libre que permite no pagar licencias a multinacionales (esencialmente Microsoft por el sistema operativo Windows) y acceder de forma gratuita a programas informáticos. El último paso que queda es el de la transformación de los equipos del personal de administración y servicios (PAS).
Tomás Jiménez, jefe del servicio de informática Ática de la UMU, explica que se trata de un paso complejo «porque antes de hacerlo hay que comprobar muy bien que las 250 aplicaciones de administración electrónica que manejamos pueden funcionar exactamente igual que ahora. Nosotros creemos que sí, que no habrá problema, y estamos muy contentos con la decisión, pero hay que estar seguros antes de dar el paso». Por eso, este año se hará un plan piloto con en torno a cincuenta o cien equipos de los mil quinientos que tiene el PAS. Si todo va a la perfececión, se iniciará la formación para los empleados y se realizará el cambio total a partir de 2015.
La pregunta para los no entendidos en este caso sería que, si es más barato y si todo puede funcionar igual, por qué la UMU y el resto de administraciones no han dado el paso al sistema operativo libre antes. Jiménez lo explica en la dificultad y el miedo a cambiar las inercias. «Microsoft siguió al comienzo una estrategia muy buena, una estrategia de degustación, ofreciendo un producto casi gratuito al principio, para atraer, y una vez que te acostumbras, ya es difícil cambiar».
Los informáticos de la UMU calculan que solo en licencias se ahorrarán al año 100.000 euros con la transformación del PAS. Además, dado que Microsoft ha anunciado que va a dejar de prestar servicio de asistencia para los ordenadores equipados con el sistema operativo Windows XP, en los próximos meses la universidad se hubiera visto obligada a renovar los equipos informáticos y gastar en torno a 300.000 euros porque los equipos actuales no están preparados para funcionar con sistemas operativos más avanzados. Si el cambio a Linux puede consumarse, la renovación de equipos podrá tardar varios años y hacerse cuando realmente ya no funcionen.
Al margen de todos estos cambios quedarán los equipos informáticos de los laboratorios y de los despachos de los profesores. Estos son equipos personales de los docentes o comprados a cargo de fondos de los grupos de investigación, por lo que Ática se limita a darles el servicio. Además, en estos casos los programas que utlizan para investigación son tan complejos que la decisión se deja al criterio del profesor.
Aun así, ya hay un 15% de docentes e investigadores que ya utiliza Linux. «Es algo que nosotros tratamos de incentivar, pero lo dejamos a su criterio. En los últimos años también hemos tenido un avance de usuarios MAC, algo que preferiríamos que no fuera así, pero es su decisión».
La universidad ha tratado de incentivar la compra de equipos informáticos que funcionen con software libre con medidas como rebajas en el precio a través de la central de compras.
Fuente: http://www.laopiniondemurcia.es/
Primero fue un tira y afloja para que Microsoft mantuviera el soporte técnico a Windows XP; después llegó la recomendación de Linux como reemplazo; más tarde Windows 8 fue prohibido en la administración del estado, para finalmente, nombrarlo como una amenaza a la seguridad nacional.
