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Desde el lunes funcionará en Sucre la primera empresa estatal de Software Libre de Bolivia, luego de la firma de un convenio entre la Universidad Andina Simón Bolívar y la fundación Fautapo, además del apoyo de la senadora oficialista Nélida Sifuentes.

El rector de la Universidad Andina, José Luis Gutiérrez, informó que su institución cedió un espacio de su campus para el funcionamiento de la empresa, y le dotó de toda la infraestructura tecnológica para el desarrollo de investigación e innovaciones.

Agregó que al ser Sucre sede del Órgano Judicial, la empresa firmará convenios con sus oficinas para beneficiarlas directamente con el trabajo que se desarrolle; no obstante, aclaró que la casa de estudios superiores será el primer cliente para generar un software destinado a bibliotecas virtuales.

También se iniciaron contactos con entidades locales, como la Empresa Local de Aguas Potables de Sucre (Elapas), para desarrollar un software que mejorará su sistema de administración.

Por su parte, el gerente general de la Fundación de Educación para el Desarrollo (Fautapo), Andreas Preisig, dijo que el aporte de la entidad se traduce en la contratación de cinco especialistas en desarrollo de programación de sistemas, quienes comenzarán a trabajar desde el lunes en Sucre.

La senadora Sifuentes expresó su satisfacción por haber llegado a un acuerdo para consolidar a Sucre como sede de la Empresa Nacional de Software Libre “Juana Azurduy de Padilla”. Aseguró que este emprendimiento tiene el respaldo del Gobierno y del propio presidente Evo Morales.

La asambleísta indicó que la creación de la empresa está contemplada en la Ley 164 de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comunicación, y en el decreto reglamentario. En ese marco, se establece un tiempo limitado para la migración de las entidades del Estado al software libre.

Asimismo, señaló que actualmente el Estado paga cerca de $us 70 millones por los derechos del software que utilizan las instituciones. Pero a partir de la nueva empresa, según Gutiérrez, el Gobierno y el sector privado tendrán la opción de comprar los sistemas elaborados en el país.

Fuente: La Razon (Bolivia)

Desde la comunidad de SomosLibres.org, rechazamos las declaraciones del asesor de Microsft Erick Ovando, por haber intentado hacer lobby con las autoridades bolivianas y truncar la la norma a favor del software libre.

Ovando reveló que Microsoft trató de hacer los “lobby”, reuniones con autoridades, para expresar su posición al respecto de estas normas. “No hemos tenido la suerte de poder llegar a la persona indicada”, añadió.

El artículo 77 de la Ley 164 dice que “los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en todos sus niveles, promoverán y priorizarán la utilización del software libre y estándares abiertos, en el marco de la soberanía y seguridad nacional”.

El reglamento estipula, en su disposición transitoria quinta, que “el plazo máximo para la migración de los sistemas de las entidades públicas a software libre y estándares abiertos será de siete (7) años desde el inicio de la migración”, para la cual se tiene otro plazo.

La norma garantiza la independencia tecnológica y la administración pública se apodera de la tecnología del software libre.

Microsoft como empresa monopólica defiende exclusivamente sus intereses y no de los ciudadanos e instituciones del estado , el Gobierno de Bolivia tiene la obligación moral de promover el software libre por es socialmente justo, tecnológicamente sustentable y económicamente viable.

Microsoft no tiene nada de observar, todo lo contrario el Gobierno Boliviano debe observar esas licitaciones de compras por licencias que generan gastos al estado boliviano.

Bolivia debe y puede generar su propia tecnología alrededor del software libre, ni siquiera debe priorizar, debe obligar a implementar lo más pronto posible el software libre y por fin tendrán acceso al código fuente, conocimiento importante para generar el conocimiento libre y desarrollo tecnológico para Bolivia.

Que Viva el Software Libre en Bolivia

Fuente: www.somoslibres.org

El asesor de Tecnologías de Microsoft en Bolivia, Erick Ovando, observó que el artículo 77 de la Ley de Telecomunicaciones y su reglamento obliguen a las instituciones estatales a utilizar software libre en el plazo de siete años.

“Nosotros aplaudimos que el Gobierno agarre la bandera de la tecnología. Lo que no nos parece muy conveniente es que se quiera poner una sola línea. Al final el que tiene que decidir es el usuario”, sostuvo en entrevista con la Red ERBOL.

El representante de la multinacional creada por Bill Gates indicó que las mismas instituciones que deben decidir las el software que mejor se acomoda a sus expectativas y necesidades. “(El Estado) no puede poner monopolio en ningún aspecto”, acotó.

La multinacional ahora aboga por un sistema mixto, es decir que software que utilicen las instituciones públicas sean tanto de origen libre y privativo.

El artículo 77 de la Ley 164 dice que “los Órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral en todos sus niveles, promoverán y priorizarán la utilización del software libre y estándares abiertos, en el marco de la soberanía y seguridad nacional”.

En este sentido, el reglamento a la Ley estipula, en su disposición transitoria quinta, que “el plazo máximo para la migración de los sistemas de las entidades públicas a Software Libre y Estándares Abiertos será de siete (7) años desde el inicio de la migración”, para la cual se tiene otro plazo.

Ovando reveló que Microsoft trató de hacer los “lobby”, reuniones con autoridades, para expresar su posición al respecto de estas normas. “No hemos tenido la suerte de poder llegar a la persona indicada”, añadió.

Fuente: www.somoslibres.org

«El software Libre ahorrará al Estado unos seis millones de dólares»

La implementación del software libre es una política del Estado boliviano, enmarcada en la Constitución y la Ley General de Telecomunicaciones que, entre otros aspectos, decreta la creación de la Empresa Nacional de Software Juana Azurduy de Padilla.

El Gobierno de Bolivia trabaja en una estrategia dirigida a implementar el software libre en todo el país, tomando en consideración que su uso y aplicación generará importantes cambios estructurales y garantizará la soberanía informática de la nación suramericana.

La senadora Nélida Sifuentes anunció que organizan jornadas de capacitación gratuitas, además de talleres y seminarios dirigidos a la población, instituciones y medios de comunicación, “para que adquieran conocimientos sobre el tema”.

De igual manera, la legisladora recordó que “la implementación del software libre es una política de Estado, enmarcada en la Constitución y la Ley General de Telecomunicaciones”.

Recientemente, la Cámara de Senadores debatió el proyecto de Ley de Creación de la Empresa Nacional de Software Juana Azurduy de Padilla, institución con la cual se busca alcanzar la soberanía tecnológica.

En ese sentido, uno de los objetivos del nuevo instituto es ahorrarle al Estado alrededor de seis millones de dólares, que actualmente son empleados para la adquisición de licencias de funcionamiento del sistema y aplicaciones del software operativo.

En ese orden de ideas, Sifuentes añadió que la nueva entidad estará destinada a la creación y producción de programas de tecnología informática para la independencia científica y tecnológica con identidad propia.

Por su parte, la ministra de Planificación, Viviana Caro, puntualizó que el decreto reglamentario de la ley de telecomunicaciones posibilitará “mejorar el mecanismo de seguridad, porque al adoptar un software nacional propio se dejará de lado la dependencia tecnológica de Estados Unidos”.

La Agencia Boliviana de Información (ABI) reseñó que, de acuerdo a un grupo de expertos en la materia, “el software libre brinda a los usuarios la libertad de ejecutar el programa con cualquier propósito, estudiarlo y adaptarlo a las necesidades propias”.

Por último, el Gobierno asegura que todas las personas tienen todo el derecho de redistribuir copias del programa, de mejorarlo y, posteriormente, liberar esas mejoras al público.

Fuente: www.telesurtv.com

El plazo máximo para que los sistemas de entidades públicas migren a software libre y estándares abiertos es de siete años, según establece el decreto reglamentario de la Ley de Telecomunicaciones, aprobado ayer.

“Esperamos que en el plazo de siete años, establecido en el decreto, todo el sistema público del Estado Plurinacional, de los cuatro órganos, pueda haberse incorporado, ser usuario y parte de un país que entra a la era de la tecnología, información y comunicación”, resaltó la ministra de Planificación, Viviana Caro, al presentar la norma.

El Decreto Supremo 1793 reglamenta la Ley de Telecomunicaciones, que dispone en su artículo 77 la promoción y prioridad de la utilización del software libre. Caro detalló que el decreto tiene tres elementos: el primero, establece instancias, plazos y procedimientos para el “gobierno electrónico”.

El segundo, explica características del acceso al software libre, que es la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir e incluso modificar programas del sistema (windows, photoshop, etc.) y todo de forma gratuita.

El uso y certificación de la firma digital es el tercer elemento. El reglamento da seis meses, a partir de la aprobación de los estándares técnicos, para implementar infraestructura y procedimientos para su aplicación y certificación digital.

“Es una medida positiva tener el software libre como política de Estado. La firma digital, que es un componente de software, reducirá la burocracia porque los trámites serán vía internet”, dijo Mario Duran, ciberactivista.

Fuente: La Razon