Tag debate

El concepto promueve transmisión de datos sin preferencias para asegurar igualdad. Garantiza la libertad de acceso y elección

La semana pasada Internet.org llegó al Perú. La iniciativa de Facebook empezó a funcionar de la mano de Entel, ofreciendo acceso a la red para más personas y de manera gratuita. Sin embargo, al ser Internet.org una plataforma que solo permite acceso a determinado contenido en línea y en exclusiva para los clientes de Entel, muchos consideran que atenta contra la neutralidad de la red. 

El concepto es simple: todo el tráfico de datos por Internet debe ser tratado por igual, sin preferencias en la circulación según el usuario o la procedencia de los datos. Es decir, para Internet la transmisión de un e-mail enviado por el presidente tiene la misma importancia que un video en You Tube de la Tigresa del Oriente. 

La neutralidad en el Perú 
Desde hace tiempo en el mundo se conversa sobre esta neutralidad y varios países, entre ellos el Perú, tienen normas al respecto. El artículo 6 de la Ley 29904 de Promoción de la banda ancha y construcción de la red dorsal nacional de fibra óptica considera la neutralidad de la red y le brinda al Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) la potestad de determinar quién incumple esta norma. 

Ayer, este organismo celebró una audiencia pública para recibir los comentarios de la ciudadanía sobre el reglamento de esta ley (D.S. Nº 014-2013-MTC), en donde se detallan los casos en los que Osiptel actuará en defensa de la tan mentada neutralidad. 

¿Le suenan conocidas las ofertas de algunos operadores para acceder sin costo a determinados productos de Internet, como servicios de mensajería o redes sociales? Esa práctica se conoce como ‘Zero-rating’ y aunque la ley promueve la neutralidad (por lo que esta práctica no estaría permitida), será Osiptel, de acuerdo con lo que se propone en el proyecto de reglamento, el encargado de analizar cada caso para determinar su procedencia. 

Según lo expresado en la audiencia pública, los operadores son los primeros interesados en que temas como los del ‘Zero-rating’ queden bien zanjados, debido a que aseguran que son indispensables para promover la innovación así como la competencia. 

El debate 
¿Entonces la iniciativa Internet.org realmente promueve el acceso libre a la red? “[En Facebook] creemos que la neutralidad de la red puede y debe coexistir con Internet.org. Lo que queremos nosotros es ofrecer una ventana a Internet. No estamos limitando el acceso de ninguna manera […] Apoyamos una red neutra y que todo el mundo acceda al contenido igual”, señaló la semana pasada a El Comercio Sergi Herrero, gerente de Desarrollo de Negocios de Facebook para Latinoamérica. 

Sin embargo, en Mozilla –organización que promueve el uso del software libre y la libertad en Internet– creen que la iniciativa de Facebook es restrictiva. 

“Internet.org sí está limitando el acceso a Internet. El servicio Free Basics no conecta a la gente con un Internet abierto y no permite a los usuarios elegir el tipo de contenido, aplicaciones o servicios”, indicó a este Diario Chris Riley, director de las Políticas Públicas para Mozilla. 

“Facebook usa el ‘Zero-rating’ […] Este acceso limitado trae como resultado un desequilibrio que mantiene a muchos usuarios de Internet y desarrolladores alejados de los beneficios de un Internet abierto”, agrega Riley. 
La discusión sobre la neutralidad de la red ha llegado al país y no puede darle la espalda. 

Caso previo 
En algunos países reportaron la degradación en la calidad de la conexión de usuarios de Skype. Más sobre el reglamento 

No necesitan permiso 
El proyecto de reglamento considera situaciones en las que el operador podrá darle preferencia a la transmisión de ciertos datos. Por ejemplo, en situaciones de emergencias (donde se privilegiará la transmisión de texto en lugar de video) o por mandatos judiciales. 

No se permitirá 
La norma considerará a la gestión del ancho de banda y el filtro o bloqueo de ciertas aplicaciones como situaciones inaceptables. Eso va contra la neutralidad. 

Un nuevo plazo 
Osiptel anunció que ha extendido el plazo para recibir comentarios sobre el texto del proyecto de reglamento por 30 días más. 

Fuente: somoslibres.org

Se ha hablado últimamente la sorpresa que ha significado el hecho que en Múnich, Alemania puede echarse por tierra el trabajo de 10 años con software libre en la Administración Pública y a pesar de lo que le ha ahorrado en licencias de Sistemas Operativos como Windows, o Licencias de Sistemas de Ofimática como el de Microsoft, esto porque el actual Gobierno Municipal, se dice, comulga con la ideología de ésta empresa y desea volver a gastar en Licencias y echar por tierra el Sistema Operativo LiMux, desarrollado específicamente para este exitoso proyecto, que quizá este viendo sus últimos días con vida.

Ya se ha dicho bastante sobre las ventajas que significa la adopción de Software Libre en la Administración Pública y los costos que esto representa, dado que son mínimos en comparación con la compra inusitada e incontrolada de Licencias Windows y Office, reemplazables totalmente con Libre Office y Ubuntu, por ejemplo.

Ahora también en Chile, después de que el Congreso Federal aprobara la Ley de Uso de Software Libre en todas las Administraciones Públicas del País, Microsoft, movió lo hilos y resulta que en menos de 24 horas, Diputados que habrían votado a favor de esta Ley, lo realizaron en contra en tiempo récord.

Aquí cabe hacer una reflexión, en relación al poder que tiene Microsoft, para poder convencer a billetazos a los gobiernos y tirar por la borda los proyectos de países enteros, y convencerlos de seguir consumiendo sus productos, con rebajas especiales, convirtiendo esos mismos productos en una droga lenta para los niños y jóvenes que apenas comienzan a usar computadora, esto para hacerlos dependientes de sus productos. En México lo puede atestiguar Miguel de Icaza, que presentó un excelente proyecto en tiempos de Vicente Fox y éste término por hacer alianza y contratando los servicios de Microsoft, que se sintió amenazado en México, un gran mercado que representa aún hasta ahora la entrada a Centro y Sudamérica.

No es coincidencia pues que en Múnich, Microsoft haya instalado recientemente una oficina ejecutiva, ni es coincidencia que en Chile mueva sus hilos y tumbe leyes votadas y aprobadas. Microsoft es una empresa con bastante persuasión, lo malo es que quien sale perdiendo siempre es el ciudadano, por la incertidumbre de saber si los datos en Gobiernos con sistemas privativos no cuentan con puertas traseras que coadyuve a la fuga de grandes Bases de Datos, al final todo esto es complicidad del gobierno en turno, que algo tiene que estar ganando.

En Ecuador el caso parece seguir el mismo camino.

Fuentes: www.somoslibres.org

Organizaciones y expertos especializados en el área digital analizaron los alcances del proyecto de acuerdo aprobado por la Cámara Baja, que autoriza al Estado el uso de software libre. Soberanía tecnológica, ahorro, libertad sin gratuidad y logro de estándares internacionales, son algunas de las aristas abordadas.

Este martes la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de acuerdo impulsado por el independiente Vlado Mirosevic, quien solicita a las reparticiones del Estado optar por software libres.

El también independiente Gabriel Boric celebró la mayoría alcanzada y sostuvo que la iniciativa no pretende arbitrariedades: “Que se prefiera el software libre antes de los software patentados, esto con el objetivo de abaratar costos del Estado, hay que recordar que el Estado gasta miles de millones de dólares anuales en patentes de diferentes programas que se pueden conseguir gratuita y colaborativamente. Yo creo que nosotros como sociedad tenemos que avanzar hacia la colaboración por sobre la competencia y eso es precisamente la lógica que está detrás del software libre, además nosotros sabemos que hay una serie de intereses creados y contubernio entre las grandes corporaciones de software y muchos políticos también, a nosotros nos interesa tratar de romper con eso”

Por su parte, Francisco Vera, director de incidencia pública de la ONG Derechos Digitales, opinó que la iniciativa involucra un tema de soberanía tecnológica, “donde las tecnologías que usamos no solamente vienen de un proveedor que no sabemos cómo se construyó su software, sino que al mismo tiempo, vienen de fuentes abiertas donde colabora una comunidad activa. Y muchas veces esto tiene externalidades positivas, desde el punto de vista de los derechos humanos, mayor privacidad, mayor acceso al conocimiento, mayor libertad en general”, expresó. Sin embargo, no pudo evitar emitir algunas advertencias.

“Obviamente cualquier normativa que recoja esta obligación de usar software libre tiene que considerar también que en algunas reparticiones y en algunos casos tendrá que tener excepciones que sean razonables para el uso de software privativos o dejar un plazo de migración para que desde el punto de vista de políticas públicas esta decisión no termine generando un problema más grande del que pretende solucionar”, indicó.

Desde la ONG Cívico, su director ejecutivo, José Huerta, afirmó que se puede producir un efecto de ahorro en la medida en que la oferta de software libre sea “buena” o compatible con los intereses del Estado en cuanto a estabilidad, seguridad o prestaciones que podría también ofrecer el software propietario.

“Cualquiera de las decisiones que tome el Estado, ocupar software propietario o software libre, tiene que estar acompañado por la utilización de estándares abiertos, que es básicamente que la información que sale de los organismos del Estado venga en un formato de archivo que sea compatible con cualquier tipo de software que lo permita leer”, señaló Huerta.

La investigadora en periodismo multimedia Patricia Peña, académica de la Universidad de Chile, aventuró que si el proyecto continúa adelante, el país seguiría un patrón en la región, cuando por ejemplo, la administración pública en Brasil ha optado por el software libre. Asimismo, aclaró que esta opción no es sinónimo de software gratuito.

“Básicamente son aplicaciones que su principal característica es su posibilidad de acceder al código fuente y por lo tanto realizar modificaciones que puedan ser útiles para realizar por ejemplo mejoras de ese software de manera mucho más transparente, lo que lo distingue del software propietario donde uno compra una especie de caja negra cerrada donde programadores y desarrolladores no pueden modificar esa aplicación o ese programa”, afirmó la académica.

Por último, el diputado Boric adelantó que el paso siguiente del proyecto de acuerdo será presentarlo con sus alcances a la Secretaría General de la Presidencia.

Fuente: http://radio.uchile.cl/