En los mercados ilegales, la información personal es ofertada desde USD 500. Empresas sufren robos de sus bases de datos. Foto referencial: Flickr/Christoph Scholz.
La oferta circula en Internet. ‘Hackers’ y hasta empresas legalmente constituidas ofrecen información de familias enteras. Dicen que los interesados pueden acceder a los nombres de los padres, de los hijos, cédulas, direcciones, correos electrónicos, números telefónicos, remuneración mensual y que solo necesita pagar de USD 500 a USD 1 000 al mes.
Investigaciones ejecutadas al respecto muestran que esas empresas y ‘hackers’ compran las bases de datos en el mercado ilegal, las almacenan y revenden a través de otras compañías, que también están legalmente constituidas.
En el último mes, la Fiscalía investiga dos casos, en los que hay información de millones de ecuatorianos. En el último operativo, realizado la semana pasada, se descubrió que estos archivos se ofertaban a través de suscripciones mensuales.
Quienes contrataban este “servicio” eran empresas, que accedían a información sobre el estado civil de la gente, situación sociodemográfica, árboles genealógicos, números de cédula, profesiones, información laboral, de actividades económicas, salarios que iban entre el 2016 y el 2019.
Para Diego Yépez, gerente de Seguridad y Data Center de CenturyLink, estos datos pueden obtenerse por dos vías.
La primera es legal y consiste en recopilar información que se encuentra almacenada en la base de cualquier institución pública. Por ejemplo, en la Red se puede consultar valores sobre los tributos. Lo único que exige el sitio web es el número de cédula, RUC o nombres de la persona.
Pero la gente también entrega información cuando llena formularios, por ejemplo, para sorteos, cuando publican sus datos en redes sociales o al divulgar sus hojas de vida. Pero las bases también son robadas a través de virus informáticos o la información es comprada ilegalmente. De hecho, los archivos personales descubiertos en el último operativo “evidencian que el origen no es legal”. Esto fue confirmado por un investigador que lleva la causa.
La Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones monitorea estos casos.
La semana pasada, la entidad presentó una denuncia en la Fiscalía, para que se investigue a un grupo de “empresas que estarían usando de forma ilegal indicadores personales”.
La transacción web
La compra-venta de las bases de datos se concreta en la denominada Web profunda o Deep Web. A ese espacio solo pueden acceder quienes tienen un cierto grado de especialización en informática. Las transacciones son, por lo general, a través de monedas electrónicas como bitcoins, que por su naturaleza digital son difíciles de rastrear.
Después de concretada la compra, para que la información no pierda vigencia, pues muchos se cambian de casas, adquieren nuevos carros o se divorcian, las firmas pagan por las actualizaciones mensuales.
Quienes están detrás de las actualizaciones son las mismas personas que tienen acceso a las bases de datos de una empresa privada o institución pública de donde se originó la información personal. Este Diario conoció dos casos de empresas que sufrieron el robo de sus bases. Los directivos contaron que las fugas fueron internas. En una compañía, por ejemplo, un empleado se sustrajo la información de la cartera de clientes.
Sin embargo, los directivos no denunciaron. “Eso era más perjudicial. Significa que uno dice: miren nos robaron, porque no pudimos cuidar”, cuenta una ejecutiva. Para evitar este tipo de hechos, el Ministerio de Telecomunicaciones presentó la Ley de Protección de Datos. Las personas que prefieren no pagar mensualmente por los datos, sino tenerlos de forma íntegra y permanente pagan hasta USD 30 000 por todo el paquete ofertado. Pero el robo de información personal no solo es a gran escala.
También hay personas particulares que usan los archivos de otros y los venden. Una persona que repara computadoras en su vivienda, en el norte de Guayaquil, ha logrado recopilar 20 archivos con más de 65 000 contactos. Esta base la oferta en una página de Internet por USD 50.
Dice que es un precio razonable, pero que también tiene paquetes de USD 80 y 100.
Cada carpeta contiene nombres, números de teléfonos, dirección de domicilios y correos electrónicos. “Las he recopilado de las empresas donde reparaba las computadoras. Primero las usaba para ofertar mis servicios. Enviaba correos masivos o a veces llamaba, pero he decidido venderlas”. Las personas que tiene registradas son de las provincias de Guayas, Quito, Cuenca y Santa Elena.
La mayoría son ejecutivos de seguros y funcionarios públicos. Cuando una persona está interesada en la base de datos, él cita en una cafetería o parque. Allí le entrega un ‘pendrive’ de 8GB, pues los archivos ocupan entre 4 y 5 GB. Una de sus carpetas se llama Base de Empresas Ejecutivas. Tiene contactos de personas que trabajan en empresas, en el área de recursos humanos.
En contexto
En septiembre, la firma de seguridad informática vpnMentor reveló una brecha de seguridad que expuso la información de 20 millones de ecuatorianos (incluidos fallecidos). Según su reporte, la brecha ya fue cerrada, pero esta podría haber sido copiada.
Fuente: www.elcomercio.com
