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Unos 170 millones de dólares consume el mercado local en software, y de esta cifra, el 30% corresponde a adquisiciones realizadas por el Estado, dijo a Gente & Negocios el presidente de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información, Carlos Caetano.

El ejecutivo planteó que si el Estado invirtiera más en software nacional, se estaría generando conocimiento que se puede exportar y, por otro lado, incentivando a la industria local para que desarrolle productos destinados al mercado interno.

Las firmas que operan en este rubro ocupan en todo el país a unas 16 mil personas y se exportan productos por unos 370 millones de dólares. Esto representan el 1.7 del Producto Bruto Interno. El sector se ha propuesta llegar, en el próximo quinquenio, a facturar mil millones de dólares en ventas al exterior.

“Es un desafío duro pero si no nos planteamos desafíos en serio, el crecimiento no va a ser significativo. Lo que pensamos es que tenemos que apostar a que el país crezca en tecnología, fundamentalmente”.

El sector se tiene que seguir ampliando y una forma de hacerlo es entendiendo en el tema de las fusiones y adquisiciones son una vía rápida y necesaria para acelerar el proceso.

Caetano puntualizó que el promedio de personas empleadas en cada empresa del sector anda, actualmente, en 15 o 20 personas. Esto hace que cuando salimos al exterior seamos una pyme, lo que nos dificulta llegar a las grandes corporaciones, entonces, nos tenemos que dirigir a las firmas de tamaño medio».

Pero la espalda tecnológica y de negocios para lograr una expansión solo se logra haciendo alianzas con empresas más grandes, añadió el empresario.

Sobre la utilización de software libre, el entrevistado sostuvo que “todo el mundo tiene derecho a usar el software que le conviene. Lo que nos preocuparía es que fuera obligatorio usar el software libre”. Caetano aclaró que “no es gratis” como se cree popularmente, ya que, por ejemplo, su utilización implica un servicio de posventa.

Fuente: http://www.elpais.com.uy/

Todo interés de parte del Estado en lo que respecta a software Libre nos parece festejable. Pero es una sensación extraña, es como estar alegres de que un país se preocupe por su soberanía, por su independencia, por su libertad, por el bienestar de sus integrantes.

Uruguay dio un paso hacia adelante que por lo menos es interesante en materia de software libre. Se trata de la Ley de software libre y formatos abiertos en el Estado.

Esta ley es producto de casi diez años de anteproyectos que parecían tener siempre como destino el archivo. Tal parece que quienes se encargaban de que la soberanía quede en el olvido sufrieron algún tipo de distracción y la ley terminó avanzando y, peor para ellos, aprobándose.

La ley, según indican medios uruguayos, se basa en cinco obligaciones principales que serían las siguientes:

Obligación para cualquier organismo dependiente o ligado al Estado de “distribuir toda la información en al menos un formato, estándar y libre”.

Preferencia en la contratación de licencias a desarrollos de software libre, excepto cuando éste no cumpla las exigencias técnicas. Promoción del uso del software libre en el sistema educativo.

Plazo de 180 días desde la aprobación de esta ley para que el Poder Ejecutivo organice la transición. Aclaración sobre qué software es considerado como libre, formatos abiertos y formatos estándar. Se trata en realidad de otro intento pseudoprogre de mejorar las cosas, pero continuando con lo mismo. Obligar al estado o cualquier organismo dependiente a difundir la información en»al menos un formato, estándar y libre» es una forma igual de cómplice de los monopolios. El problema del estado no es sólo que discrimina a los usuarios de software libre, sino que fomenta el uso de software privativo. Si las medidas no apuntan a modificar esa realidad, por más que se difunda material en formatos libres, sólo dará el gusto a quienes usamos este software. El punto clave es NO distribuir formatos privativos para desalentar su utilización.

Cuando un Estado necesita de un software con el que no cuenta, debe apostar a su desarrollo, haciéndolo bajo estándares y licencias libres

El segundo punto tiene también un bache. Cuando un Estado necesita de un software con el que no cuenta, debe apostar a su desarrollo, haciéndolo bajo estándares y licencias libres. El concepto de las «exigencias técnicas» es tan subjetivo, que se corre el riesgo de que, producto de presiones, costumbres o hasta cuestiones tan disparatadas como el gusto, todo el software del estado siga siendo privativo porque un técnico pagado por -integrante de- monopolios del software privativo puede manifestar que el software que se intenta implementar no cumple con los requisitos necesarios.

Tal vez, Daisy Torné, diputada que habló con la prensa al respecto, no haya advertido esto pues manifiesta todo lo contrario: «Cuando uno quiere lograr que el Estado funcione de determinada manera lo tiene que decir por ley. Lo que queremos es que el Estado utilice el software libre, que lo promueva, que lo promueva en el sistema educativo, que prefiera utilizar formatos estándar abiertos y libres, antes de privativos. Por lo tanto, si no lo hace, tiene que ser por una razón muy fundada y lo tendrá que poner por escrito. Tenemos que darle una discrecionalidad, no creemos en el mercado libre que ya demostró lo que es».

Discursos que tergiversan la realidad. Leyes que fortalecen el mundo que ya tenemos.

En fin, hay mucha tela para cortar y todavía mucho por hacer en esto de que los estados no se prostituyan instalando software que tiene el objetivo de sumir a sus usuarios, en Argentina por ejemplo el estado nacional anuncia que Huayra es libre y que es el primer GNU/Linux argentino a viva voz, cuando se trata claramente de dos mentiras, una peor que la otra, que se vierten con el objetivo de deformar lo que sabemos de nosotros mismos.

Claro, es mejor el 50% de algo que el 100% de nada, y debemos reconocer como un avance tanto leyes como la uruguaya como que el estado argentino desarrolle un GNU/Linux, pero no podemos aplaudir tan pequeños avances cuando lo que se hace tiene que ver con discursos y no con hechos. Huayra no es ni libre ni el primer GNU/Linux argentino, Uruguay, sigue supeditada a la voluntad de algunas personas. Pero ambos países vociferan lo contrario.

Fuente: http://www.mdzol.com/nota/510497/

Las comunidades de Software Libre del Uruguay expresamos nuestra satisfacción ante la perspectiva de contar con una Ley que dispone la utilización de formatos abiertos y promueve la adopción de Software Libre en ámbitos del Estado

Saludamos con entusiasmo este avance en el camino hacia una sociedad más libre realizado por la Cámara de Representantes, al otorgar media sanción parlamentaria al Proyecto de Ley de Software Libre y Formatos Abiertos en el Estado, y manifestamos nuestro deseo de su pronta aprobación en la Cámara de Senadores. A la vez, ofrecemos nuestra colaboración para responder consultas o establecer un diálogo en torno a dicho proyecto; así como en todo lo relativo a su futura reglamentación

Particularmente, en el contexto del Estado, el Software Libre y los formatos abiertos son la forma de garantizar libertad, soberanía e independencia tecnológica. Esta ley es condición necesaria para la preservación y el acceso futuro a la información pública, favoreciendo un control genuino en que la autoridad del Estado no esté limitada por los vaivenes del mercado o por las condiciones restrictivas de ciertos licenciamientos. Además, beneficia a todos los ciudadanos, permitiendo el acceso igualitario a la información de la administración pública, sin obligarles a instalar en sus computadoras software que no desean, ni imponer gastos evitables para acceder a la información. Por último, favorece a la transparencia necesaria e imprescindible a otras tareas pendientes, como la Reforma del Estado.

Un Software es libre si puede ser ejecutado con cualquier propósito, estudiado, modificado y compartido, sin restricción alguna. Esto favorece la libertad y el dominio de la tecnología por las personas, tanto a nivel individual como colectivo. Software Libre no se refiere a una tecnología en particular, sino que es una forma de licenciar el software.

El uso de Software Libre en el Estado proporciona independencia de los proveedores al liberarse de la dependencia generada por el software privativo y/o los formatos cerrados, lo cual además le protege de tener que realizar permanentemente costosas actualizaciones. Posibilitando además, el intercambio y la reutilización de todo o parte del código fuente y la colaboración en el desarrollo del mismo, con lo cual su producción se hace más eficiente, optimizando los recursos humanos y materiales del Estado.

Cabe destacar que este proyecto de ley habla de “…Software Libre en el Estado…”. Sin embargo, la paulatina implantación de Software Libre por parte del Estado uruguayo traerá aparejados también, cambios a nivel del sector de las tecnologías de la información que hoy brindan este servicio al Estado. Por lo cual, es normal la incertidumbre manifiesta por alguna parte del sector privado. No obstante, este cambio será beneficioso para el Estado y la industria por varias razones:

* Buena parte del dinero que actualmente se va del país en el pago de licencias de software privativo, se invertirá en desarrollo y mantenimiento de software a nivel local.

* Se empleará más mano de obra calificada y sus beneficios quedarán en el país, diversificando así la matriz productiva.

* Mejorará la distribución de la riqueza, estimulando a las pequeñas y medianas empresas innovadoras, y a los equipos de trabajo estatales.

* Generará un proceso de apropiación tecnológica, alcanzando una masa crítica de profesionales capaces de estimular un desarrollo tecnológico autosustentable a nivel nacional.

La aplicación de esta ley propiciará un ecosistema que fortalecerá a las pequeñas y medianas empresas innovadoras y competitivas, de fuerte valor agregado, dándoles mejores posibilidades de competir con productos que pueden modificar y adaptar a las necesidades del organismo estatal contratante.

En el ámbito educativo, el proyecto encuentra su justificación en la propia Ley de Educación, cuando sostiene que “el educando debe ser sujeto activo en el proceso educativo para apropiarse en forma crítica, responsable y creativa de los saberes”, o cuando promueve “la comprensión y apropiación social del conocimiento científico y tecnológico para su democratización”. El Software Libre claramente apunta a *****plir con estos planteamientos, al dejar todas las puertas abiertas para profundizar y apropiarse del conocimiento; el software privativo, por el contrario, genera una situación de dependencia de quien usa el software con la empresa que monopoliza su desarrollo.

La educación debe formar ciudadanas y ciudadanos libres, capaces de ejercer sus derechos y de participar, en democracia, en la vida social y económica. Por otro lado, en un sector tan dinámico como el de las tecnologías de la información, el mercado laboral que conocerá un estudiante a lo largo de su vida activa será muy cambiante y diferente al de hoy. Por todo lo expuesto, con Software Libre se puede lograr, como establece la Ley de Educación, “que las personas adquieran aprendizajes que les permitan un desarrollo integral relacionado con aprender a ser, aprender a aprender (…)” y “[alcanzar] una real igualdad de oportunidades para el acceso, la permanencia y el logro de los aprendizajes”.

Por lo expuesto, entendemos que en la situación actual donde las tecnologías de la información y comunicación son tan importantes para la sociedad, el uso de Software Libre en el Estado es lo único que le garantiza soberanía e independencia tecnológica, eficacia y eficiencia en el *****plimiento de sus cometidos. Exhortamos a Senadoras y Senadores a atender estos principios fundamentales y aprobar la LEY DE SOFTWARE LIBRE Y FORMATOS ABIERTOS EN EL ESTADO.

El Software Libre es Socialmente justo, Técnicamente viable y Económicamente sostenible.

Fuente: www.somoslibres.org

¿Cuánto gastan los gobiernos en licencias de software? Éste es uno de los datos que se mantienen con mayor opacidad en la mayoría de las administraciones. El gasto en paquetería es difícil de calcular, porque requiere de que el Estado cuente con un organismo de transparencia que permita el acceso público a las cuentas; después, que algún ciudadano pida dicha información y, después de todo el proceso, reciba los datos. La petición deberá repetirse prácticamente en todas las dependencias de los diferentes niveles.

Sin embargo, es un secreto a voces que la compra de licencias de software es un verdadero agujero negro fiscal. No sólo eso: la adquisición de paquetería no suele estar sometida a concurso; y muchas veces, ni siquiera a un estudio de viabilidad. En muchas ocasiones, es una decisión arbitraria que se toma sin considerar las alternativas; y por supuesto, tampoco hay que dejar de vista que la venta de software privativo también representa una derrama económica para terceros por concepto de comisión, como los brokers.

En ese sentido, Uruguay está dando un paso importante al discutir un proyecto de ley que establece que el gobierno debe darle preferencia al software libre sobre el privativo. La medida también apela a la apertura de datos, pues estipula que toda la información en formato digital debe ser puesta a disponibilidad en libre acceso y al menos un formato abierto y estándar. La idea, desde el aspecto económico, es que el país reduzca el gasto que realiza en licencias de software; y por el otro, que se convierta en un exportador de software libre.

No obstante, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información se ha manifestado en contra de darle preferencia al software libre, debido a que lo consideran un tema muy complejo para reducirlo sólo a una ley. En cierto modo, el organismo tiene razón al decir que, actualmente, las dependencias tienen libertad de elegir entre ambos tipos de software y que el argumento del precio es inválido, pues no se contempla el caso en el que el software libre sea más barato que el privativo.

Otra de las críticas que viene con esta propuesta es que consideran incorrecto asumir que el software libre será mejor o más seguro que el privativo -aunque es cuestionamiento es discutible- y que se debe evaluar también el entorno de servicios asociados al producto; en este rubro entran, por ejemplo, el soporte técnico. También ven un problema de implementación, pues consideran que el software es una necesidad inmediata, y que el tiempo de desarrollo haría que el programa quedara obsoleto para el momento de usarlo.

Aunque son comprensibles las críticas que hace la agencia, lo cierto es que cada uno de ese obstáculos tiene forma de evitarse. Sobre la superioridad del software libre sobre el privativo, coincido en que, a priori, no se puede juzgar la calidad sólo por esa naturaleza. No obstante, el software libre permite la mejora continua del código mediante la apertura -por ejemplo, soltarlo en las universidades y comunidad general para hacer modificaciones-; así como menos problemas de seguridad, los cuales se pueden arreglar al momento -en el software privativo, hay que esperar que se libere una actualización o un parche-. En ese sentido, el Estado garantiza mayor control sobre los programas que utiliza, una especie de soberanía o autonomía informática.

En la parte temporal es donde pueden tener mayor razón, pero también es cierto que junto con la inmediatez, hay una necesidad de vigencia. Las licencias de software son costosas porque las actualizaciones deben pagarse constantemente. Quizá el desarrollo inicial del software libre sea más tardado, pero al largo plazo, su capacidad de sostenibilidad es más alta (y más barata) que uno privativo.

La realidad es que la ley tendría efectos positivos, pero los legisladores en contra también deberían garantizar la libertad de una dependencia de elegir software privativo si considera que en calidad, precio y condiciones es superior en ese momento. Se podría implementar un plan gradual (es decir, en las áreas donde el privativo prevalece, se busque crear sustitutos a medio y largo plazo); y por supuesto, aumentar la transparencia en la adquisición de licencias (sea cual sea el tipo), para evitar estas lagunas financieras que terminan por incrementar sustancialmente el gasto público.

Fuente: http://alt1040.com/2012/11/uruguay-ley-software-libre