Qué busca el gobierno chino con la ofensiva contra los gigantes tecnológicos del país

El magnate chino Jack Ma tenía la fiesta preparada.

Todo estaba en orden para que el Grupo Hormiga (el brazo financiero de Alibaba) iniciara en noviembre de 2020 su primera venta de acciones en los mercados bursátiles de Hong Kong y Shanghái por un valor de US$34.400 millones, en la que sería la mayor salida a bolsa de la historia.

Pero a último minuto, los reguladores financieros chinos suspendieron la operación por «preocupaciones en torno a la competencia» de mercado.

Es decir, le cortaron la luz, apagaron la música y mandaron a los invitados para la casa.

El resultado fue que las autoridades exigieron una reestructuración del mayor conglomerado empresarial de finanzas y comercio digital de China, y Jack Ma, que solía ser el símbolo del éxito emprendedor del país, estuvo fuera del ojo público por varios meses.

La inesperada decisión provocó un gran impacto internacional. Pero lo que probablemente pocos imaginaron en aquel momento es que se trataba sólo del inicio de una ofensiva gubernamental para marcarle los límites a los gigantes tecnológicos.

Recientemente el presidente Xi Jinping defendió su campaña para imponer un mayor control sobre las firmas del sector tecnológico en una reunión del Comité Directivo del Partido Comunista Chino, según informó la prensa oficial.

Xi Jinping

Su objetivo, argumentó el líder chino, es «prevenir la expansión irracional de capitales» y «abordar el crecimiento salvaje» de las empresas tecnológicas.

Además lanzó una clara advertencia: redoblará su escrutinio sobre estas compañías.

«La puesta en marcha de todas estas regulaciones antimonopolio es absolutamente necesaria para mejorar la economía de mercado socialista y promover la prosperidad común», dijo Xi.

El concepto de la «prosperidad común» se ha transformado en el nuevo emblema del gobierno, argumentando que es necesario redistribuir la riqueza en China y fomentar una mayor competencia entre las firmas.

Los caídos

Tras la suspensión de la salida a bolsa del Grupo Hormiga, el gobierno impulsó una serie de restricciones a otros gigantes tecnológicos en áreas tan distintas como comercio electrónico, transporte, tecnofinanzas, videojuegos o empresas de educación online.

El gigante del comercio electrónico Alibaba (que también es parte del imperio fundado por Jack Ma) recibió en abril una sanción por un valor de US$2.800 millones, la mayor multa antimonopolio en la historia del país, luego que una investigación determinara que la firma «abusó de su posición dominante en el mercado».

Tencent logo

Otros gigantes que han formado parte de esta nueva ola de restricciones impuestas por el gobierno son: Tencent (conglomerado de internet), Meituan (reparto de comida), Pinduoduo (comercio electrónico), Didi (equivalente a Uber), Full Truck Alliance (aplicación de transporte de carga), Kanzhun (reclutamiento), empresas educativas online como New Oriental Education o TAL Education.

En tres declaraciones públicas separadas, Alibaba, Didi y Meituan han dicho que cooperarán con las autoridades.

Uno de los últimos casos conocidos fue el del fabricante de autos eléctricos BYD. La empresa planeaba vender acciones de su unidad productora de chips para vehículos, pero la operación fue suspendida por una «investigación regulatoria».

Logo empresa de transporte Didi

Aunque cada caso es distinto, los argumentos esgrimidos por Pekín para justificar sus decisiones giran en torno a dos ejes: frenar los monopolios y «proteger la seguridad» de la información de los usuarios.

En ese contexto se aprobó recientemente una ley que puede exigir la suspensión o cancelación de aplicaciones que procesen «ilegalmente» datos personales «sensibles».

«Mantener el control»

En la llamada cacería a los gigantes tecnológicos convergen, hasta ahora, una ofensiva antimonopolio, una revisión de la seguridad de los datos y otros elementos como el control de la «desordenada expansión del capital», una expresión acuñada por el gobierno en diciembre del año pasado que básicamente se refiere a restringir «el crecimiento a expensas del interés público».

Para algunos analistas el tema de fondo es la premisa de mantener el control.

Soldados chinos con mascarillas en frente de Tiananmen.

Así lo plantea Michael Witt, profesor de Estrategia y Negocios Internacionales de la escuela de negocios Insead en Singapur.

El Partido Comunista Chino «le está poniendo freno a un sector tecnológico que recientemente ha mostrado claros signos de olvidar quién está a cargo», explica en diálogo con BBC Mundo.

  • «China definitivamente se está cerrando, parece que hemos vuelto a los años 90»

Así ocurrió con Jack Ma, explica, cuando criticó al ente regulador antes de la fracasada salida a bolsa del Grupo Hormiga.

Y así también le pasó a la firma Didi cuando no siguió los lineamientos establecidos al pie de la letra. «Eso tampoco podía quedar impune», dice Witt, de acuerdo a la visión del gobierno.

Así las cosas, apunta, «el punto crucial del asunto es el control».

El misterio de la ofensiva

Martin Chorzempa, investigador del centro de estudios Peterson Institute for International Economics, en Estados Unidos, argumenta que aparte del control, el gobierno busca conseguir ciertos objetivos específicos.

Algunos de ellos pueden ser «eminentemente razonables», le explica a BBC Mundo, como por ejemplo, proteger mejor la privacidad de los datos de las personas o contrarrestar algunos de los efectos negativos que el auge de la tecnología ha tenido en las sociedades de todo el mundo.

Pero «si estamos hablando de la nacionalización de datos, una mayor imposición del régimen de censura y menos espacio para que prospere la empresa privada», sostiene Chorzempa, «entonces parece más problemático».

Empleados en la entrada dela central de operaciones de Tencent, Shenzhen.

«El problema es que esta imagen mixta, con lo bueno, lo malo y lo arriesgado tan interconectados, no se presta a una caracterización fácil».

Desde una perspectiva histórica, Angela Zhang, directora del Centro de Derecho Chino de la Universidad de Hong Kong, plantea que la principal razón del gobierno detrás del aumento en las restricciones es abordar algunas de las inquietudes regulatorias de larga data en el sector tecnológico.

«Las empresas de tecnología chinas solían operar en un entorno regulatorio muy laxo, y ahora estamos pasando por la etapa de creación de reglas para estas firmas», apunta.

En el contexto internacional, argumenta en diálogo con BBC Mundo, países como Estados Unidos o los miembros de la Unión Europea «también están aumentando de manera similar el control sobre el sector tecnológico».

Sin embargo, agrega, la campaña oficial también le brinda al gobierno chino una gran influencia para empujar a las empresas tecnológicas a invertir más en tecnología aplicada, y le permite estimular un apoyo masivo con la idea de mejorar «el bienestar social».

«Supremacía tecnológica»

Algunos expertos como Keyu Jin, economista de la universidad London School of Economics, sostienen que el fondo del asunto es tener «supremacía tecnológica» para definir estándares globales y darle forma al futuro en áreas clave.

Esto le permitiría tener una mayor influencia en la economía internacional.

Algunos analistas coinciden con esta visión de que la ofensiva de Pekín gira fundamentalmente en torno a la idea de conseguir esa superioridad tecnológica.

Meituan

En ese sentido, lo que más le interesaría al gobierno es incentivar el desarrollo tecnológico en áreas mucho más estratégicas, como computadoras cuánticas, semiconductores y satélites, en vez de los desarrollos de comercio electrónico o las tecnologías focalizadas en servicios para los consumidores.

Otros especialistas creen que la cruzada del gobierno tiene un fuerte acento puesto en restringir el acceso de inversionistas externos a la información que manejan las compañías chinas.

Drew Bernstein, copresidente de la consultora Marcum Bernstein & Pinchuk (MBP), especializada en asesorías a empresas asiáticas, argumenta que la transformación de las reglas «refleja el cambio de China de ser un imitador tecnológico a convertirse en un tigre tecnológico».

Refleja también, agrega el analista, el «efecto dominó» que pueden tener las grandes empresas tecnológicas en los pilares del plan del gobierno enfocado en 2025.

¿De qué se trata el plan 2025?

El gobierno chino ha presentado un plan de cinco años que describe una regulación más estricta en gran parte de su economía.

El corresponsal de Negocios de la BBC en Singapur, Peter Hoskins, explica que las nuevas reglas van mucho más allá del sector tecnológico, incluyendo también aspectos como la seguridad nacional y los monopolios comerciales.

estudiantes ondean banderas de China y del PCCh en Pekín el 1 de julio, en la plaza de Tiananmen.

El plan de diez puntos que impulsa Pekín establece en un documento que se fortalecerán las leyes para «campos importantes» como la ciencia y la innovación tecnológica, la cultura y la educación.

Según el gobierno, esta nueva ruta llevará a la práctica nuevas regulaciones que incluirán áreas como las «finanzas de Internet, inteligencia artificial, big data, computación en la nube».

Esas ideas que en otro país podrían parecer una declaración general de intenciones, en China parecen avanzar a pasos agigantados, al menos a partir de lo que ha dejado ver la ofensiva contra los gigantes tecnológicos en los últimos meses.

Fuente: https://www.bbc.com/

Por qué Twitter prohibió toda la publicidad política en su plataforma

Jack Dorsey revelará los detalles de la nueva medida el próximo 15 de noviembre.

Durante años, Twitter ha luchado para intentar captar cada vez más anunciantes. Pese a ello, este miércoles, decidió voluntariamente prescindir de algunos de ellos.

A partir del próximo 22 de noviembre, la red social ya no difundirá más publicidad política en ninguna parte del mundo.

«Aunque la publicidad en internet es increíblemente poderosa y muy efectiva para los anunciantes comerciales, ese poder trae consigo riesgos significativos en la política», dijo en un tuit Jack Dorsey, cofundador y presidente de la empresa.

Los detalles de cómo funcionará la prohibición serán divulgados el próximo 15 de noviembre. Por lo pronto, se sabe que la medida no afectará aquellos anuncios destinados a estimular a los ciudadanos a inscribirse en el registro de electores.

Dorsey anunció la medida en un momento muy particular, cuando Estados Unidos está a punto de entrar de lleno en la campaña para las elecciones presidenciales de 2020 y cuando, de hecho, el Partido Demócrata se encuentra plenamente imbuido en el proceso para escoger al candidato que intentará arrebatarle la presidencia al republicano Donald Trump.

El tema de la publicidad política en redes sociales es muy polémico en Estados Unidos y Reino Unido desde que surgieron denuncias sobre los intentos de manipular a los votantes a través de la difusión de mensajes falsos en redes sociales tanto para la campaña presidencial de 2016 en la que fue electo Trump como en el referéndum británico sobre el Brexit.

Reacciones diversas

Brad Parscale, jefe de la campaña de reelección del mandatario estadounidense, criticó la decisión de Twitter señalando que se trata de «otro intento de la izquierda para silenciar a Trump y a los conservadores».

En un comunicado, el comando de campaña de Trump dijo que Twitter le había cerrado la puerta a centenares de millones de dólares en ingresos potenciales y señaló que se trata de una decisión «tonta» que perjudica a sus accionistas.

Pero Bill Russo, portavoz de la campaña de Joe Biden, quien lidera la intención de voto entre los precandidatos demócratas, dio la bienvenida a la medida.

«Al enfrentarse a la escogencia entre los dólares de la publicidad y la integridad de nuestra democracia, resulta estimulante que, por una vez, el dinero no haya ganado«, apuntó en un mensaje en Twitter.

¿Pero, cómo justifica Twitter esta decisión?

Ganarse a la audiencia

«Creemos que el alcance de los mensajes políticos debe ser algo que se gane, no que se compre«, dijo Dorsey en un hilo en Twitter en el que anunció la nueva medida.

«Un mensaje político se gana su alcance cuando la gente decide seguir una cuenta o hacer un retuit. Pagar para que se difunda elimina esa decisión, imponiendo sobre las personas mensajes políticos altamente optimizados y dirigidos. Creemos que esa decisión no debería ser puesta en riesgo por dinero», manifestó.

Dorsey explicó que en lo referente a la política, la publicidad en internet trae riesgos significativos pues puede usarse para influir a los votantes y afectar la vida de millones de personas.

«Los anuncios políticos en internet representan retos completamente nuevos para el debate ciudadano«, agregó, refiriéndose expresamente a la optimización de mensajes sobre la base del aprendizaje automático y dirigidos a un público muy específico, la divulgación de información engañosa sin verificar y a los deep fake.

El jefe de Twitter añadió que enfrentar esos problemas al mismo tiempo que reciben dinero de parte de esos anunciantes podía afectar la credibilidad de la red.

«No es creíble que nosotros digamos: ‘Estamos trabajando duro para detener a la gente que intenta sacar provecho de nuestros sistemas para difundir información falsa, pero si alguien nos paga para dirigir y forzar a la gente a ver su anuncio político…bueno…ellos pueden decir lo que quieran'», apuntó.

Detrás de la decisión de Twitter, también puede estar presente el tema de la competencia por credibilidad e influencia contra otras redes sociales.

Según explicó Jim Waterson, editor sobre temas de medios de comunicación del diario británico The Guardian, esta puede ser una jugada muy perspicaz.

«Twitter ha hecho algo muy astuto acá porque Twitter es un jugador pequeño en el mundo de la publicidad política», señaló en conversación con la BBC.

El director y fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, argumenta que su compañía no debe coartar la libertad de expresión.

«Al hacer esto, ellos han puesto mucha presión en Facebook, que es su principal rival y una gran bestia en esta área, para que realmente aclare sus políticas», agregó.

Waterson señaló que en las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos, la mayor parte de la publicidad política irá a Facebook y destacó que esa compañía ha dicho que permitirá que cualquier candidato diga lo que quiera sin ser verificado ni limitado.

«Eso es realmente interesante porque quiere decir que es esencialmente un pase libre para que los políticos paguen para impulsar mentiras, verdades o lo que sea en tu feed durante las próximas elecciones», alertó.

Facebook se ha visto bajo intenso escrutinio desde el estallido del escándalo de Cambridge Analytica, una compañía británica que usando el acceso que tenía a los datos de los usuarios de esa red social logró construir el perfil de millones de votantes en Estados Unidos para intentar influenciar en las elecciones de 2016.

La semana pasada, Zuckerberg compareció ante el Congreso de Estados Unidos, donde fue duramente interpelado por la legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez.

«Usted anunció recientemente que la política oficial de Facebook ahora permite a los políticos pagar para difundir desinformación en las elecciones de 2020 y en el futuro. Así que solo quiero saber hasta dónde se puede llevar esto», le dio Ocasio.

Zuckerberg le respondió que la plataforma eliminaría los mensajes de cualquiera, incluidos los políticos, que llamaran a la violencia o trataron de contener la participación de los votantes.

Sin embargo, en cuanto a las noticias falsas, dijo que no era el papel de Facebook evitar que «las personas en una elección vean que has mentido».

Fuente: www.bbc.com

 

Geopolítica y código abierto, mala combinación

Cuentan nuestros compañeros de MC que China teme que Trump tome el control del Open Source. Así como suena: como si «el Open Source» fuese una mina de diamantes en mitad de ninguna parte y estuviese disputada por ambas potencias… Y quizás la analogía no sea tan desacertada como parece, porque aun cuando el código es contante, un desarrollo con la complejidad del mismo kernel Linux cabe en un USB de 1 GB y te sobra espacio para repetir la operación seis o siete veces.

Sin embargo, el conflicto gira en torno a GitHub, la mayor forja de software del mundo, también de software de código abierto; propiedad de Microsoft y bajo la arbitrariedad de las leyes e impulsos del Gobierno de Estados Unidos, hoy en manos de Donald Trump. Así, las reglas de control de exportación de GitHub indican que todo el contenido alojado en la plataforma debe cumplir con las leyes de exportación de Estados Unidos, incluyendo las regulaciones de administración de exportaciones (EAR) que la Administración Trump ha utilizado para atacar al negocio de Huawei e imponer vetos que han afectado a otras grandes empresas y organizaciones.

En declaraciones de Liu Chen, director de operaciones de Open Source China (OSChina), la comunidad de código abierto más grande del país: «Para los desarrolladores, el código fuente es un recurso muy importante. Si los usuarios de GitHub de China se verán afectados depende en gran medida de la fuerza y ​​el alcance de las sanciones de exportación de Estados Unidos contra China, que hoy no podemos determinar. Esto es realmente malo porque el progreso de la evolución de software podría ser más lento. Los proyectos de código abierto benefician a muchas partes en todo el mundo, no solo de los Estados Unidos o China. No hay un solo país o empresa que pueda escapar de los proyectos de código abierto en la actualidad«.

Dicho con otras palabras, el software de código abierto se ha convertido en un recurso crítico para el tejido empresarial a nivel global, y que el principal repositorio de código abierto del mundo esté sujeto a los caprichos de una administración como la de Donald Trump no ofrece seguridad a las partes que no estén dispuestas a doblegarse a la voluntad del gigante estadounidense. Pero el gigante chino no está por la labor de dejarse hacer sin oponer resistencia, y de hecho su plan B está en marcha: se llama Gitee y como parece indicar su nombre, se trata de un clon de GitHub que llegado el momento podría recoger todo el código fuente disponible de manera abierta.

Lo fundamental es que ni siquiera el código abierto, el software libre si se prefiere, está al margen de la geopolítica. Tomando como ejemplo este caso, cualquier compañía que opere en Estados Unidos está sujeta a las leyes de exportación del territorio. No es algo nuevo, aunque la situación se haya agravado por enfrentar a las dos grandes potencias de la actualidad. «Desafortunadamente, Red Hat no puede proporcionar el software, la documentación o el soporte de Fedora a individuos en naciones embargadas, debido a la ley de exportación de los Estados Unidos» es una cita que dio de qué hablar hace unos años, afectando a países como Cuba, que todavía sigue vigente.

Fuente: www.muylinux.com

El cambio político abre la puerta al software libre en Barcelona y Madrid

españa_asamblea

El pasado domingo se celebraron elecciones municipales y autonómicas en España y el mapa político cambió. El partido en el Gobierno perdió sus mayorías absolutas y diferentes fuerzas se hicieron con un hueco que esperan aprovechar para virar el rumbo de los últimos años, también en materia tecnológica. De cumplirse los pronósticos y los programas electorales, al menos en Barcelona y Madrid el software libre tendrá preferencia.

Nos quedamos con Barcelona y Madrid para esta noticia porque más valen dos ejemplos claros que muchos difusos, y es que el panorama está todavía por componerse en cantidad de sitios; en Barcelona y Madrid, sin embargo, la fotografía es más nítida: todo parece indicar que Barcelona en Comú y Ahora Madrid gobernarán en sendas capitales; con apoyos, pero al frente de los Ayuntamientos y haciendo valer su programa.

En el caso de Ahora Madrid (PDF) la referencia al software libre en su programa electoral es de apenas una línea en un subapartado profundo y en último punto, vago a la vez que conciso:

Introducir progresiva y preferencialmente el software libre en la gestión municipal.

En el programa de Barcelona en Comú (PDF) sí se encuentra contenido más desarrollado. El cambio de modelo de ciudad planteado por la formación contempla “desarrollar el software libre e impulsar la innovación” y “favorecer una ciudad de código abierto”. Al respecto se especifica:

Barcelona no puede quedar al margen del gran movimiento internacional a favor del software libre y del open access en muchas esferas de actividad. No podemos ser una smart city que depende de las grandes empresas y corporaciones para desarrollar servicios y campos de actividad digital al servicio de las personas, sin facilitar que estas personas puedan ser protagonistas de estos cambios. Ciudades como Múnich o regiones como Extremadura apostaron por la migración al software libre con un ahorro anual calculado, por ejemplo en el caso de Extremadura, de 30 millones de euros.

Actualmente, el sistema educativo catalán también ha apostado por el software libre (linkat). Consideramos que el Ayuntamiento puede empezar a migrar hacia el software libre de manera lenta pero continua, empezando por aquellos ámbitos más receptivos y preparados, y con la implicación de aquellos sectores de la administración que ya lo utilizan.

Un cambio de estas características conlleva:

  • Ahorrar en el pago de licencias y por cambios de maquinaria.
  • Garantizar la transparencia y seguridad para poder acceder al código, su reutilización, modificación y mejora por parte de la comunidad, y la soberanía tecnológica y el desarrollo de software que necesite el ayuntamiento, sin depender de terceros.
  • Garantizar en mayor medida que no se aplicarán patentes al software que imposibiliten la innovación.

Desarrollar un plan estratégico para vincular los grandes acontecimientos relacionados con el cambio tecnológico a la implementación de una red de empresas locales que apuesten por el software libre y la soberanía tecnológica.

Salvando las distancias en cuanto a profusión, ambas propuestas incluyen al software libre como objetivo y al mismo tiempo son tan poco explícitas que, como suele suceder con los programas electorales de cualquier partido político, quedan abiertos a interpretación y sujetos a voluntad política en aplicación. Fragmentos como “progresiva” o “de manera lenta pero continua” no son baladí; son el clavo al que agarrarse de no cumplir.

El factor diferenciador en esta ocasión es que ni Barcelona En Comú o Ahora Madrid son partidos políticos al uso, sino una confluencia de plataformas ciudadanas, fuertemente apoyadas por partidos políticos como Podemos, pero no supeditadas a éstos. O eso es lo que aseguran. En cualquier caso, son novedad y dicen venir a regenerar, por lo que debieran merecerse el beneplácito de la duda.

En efecto, podríamos haber encabezado esta entrada con un “Barcelona y Madrid migran al software libre”… Pero nos acogemos a esa forma “progresiva” o “de manera lenta pero continua” y aguardaremos a los hechos para aplaudir. Mientras tanto, nos hacemos eco de las promesas.

Fuente: http://www.muylinux.com

Venezuela: El software libre será una política de Estado

software libre venezuelaEn 2004 la Presidencia estableció la migración hacia programas desarrollados con estándares abiertos

El próximo 17 de agosto entrará en vigencia la Ley de Infogobierno, publicada en la Gaceta Oficial N° 40.274, de fecha 17 de octubre de 2013

Kenny Ossa, miembro de la organización Internauta Venezuela, una comunidad de usuarios de la llamada red de redes, dijo que uno de los aspectos más importantes de la ley es que establece una política de Estado en relación con el uso del software y las tecnologías libres en la Administración Pública Nacional.

A pesar de que el decreto N° 3.390, dictado por la Presidencia de la República el 28 de diciembre de 2004, estableció una política de migración a software libre de los sistemas, proyectos y servicios informáticos de la Administración Pública de manera prioritaria, Ossa calcula que al día de hoy el balance es que ese proceso se cumplió en 30%.

El decreto estableció 24 meses de plazo para avanzar del software privativo al libre.

Refirió que la Ley de Infogobierno establece sanciones en los casos de instituciones y dependencias públicas que no incorporen el software libre.

Fuente: elmundo.com.ve


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